Inadmisión de apelación del auto de llamamiento a juicio y su impacto en el principio de igualdad procesal en Ecuador - Miguel Arturo Moreno González; Marjorie Paola Dávila Ordóñez; Johanna Irene Escobar Jara; Holger Geovannny García Segarra (Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas)
En el contexto actual, el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador establece que no se admite recurso de apelación contra el auto de llamamiento a juicio, excepto cuando hay un sobreseimiento a favor de los procesados, donde sí se permite la apelación. Esta discrepancia resulta en una vulneración del derecho a la igualdad procesal, principios que respaldan la Constitución de la República del Ecuador. Con el objetivo de abordar esta situación, se propone una reforma legislativa que incluya el auto de llamamiento a juicio como un recurso apelable en el proceso penal. Para justificar esta modificación, se implementó un sistema informático que facilitó la recolección y análisis de datos pertinentes. Este sistema utilizó técnicas de minería de datos y análisis estadístico, permitiendo integrar información de encuestas, estudios académicos y registros históricos. A través de procesamiento de lenguaje natural, se identificaron patrones en la opinión pública que evidencian áreas críticas de atención. Además, se estableció un sistema de gestión documental para archivar y organizar la información recopilada, haciendo accesibles los informes a legisladores. También se emplearon herramientas de visualización de datos, como gráficos interactivos, que presentaron la información de manera clara y comprensible, mejorando la capacidad de toma de decisiones basada en evidencia. Como resultado principal, se propone reformar el artículo 653 para permitir que el auto de llamamiento a juicio sea recurrible mediante apelación, garantizando así el debido proceso y el principio de igualdad procesal en el sistema judicial. La propuesta de reforma realizada fue validada por criterio de expertos según tres dimensiones: (1) coherencia normativa; (2) eficacia procesal; (3) impacto social. La propuesta de reforma fue evaluada como Pertinente y Muy pertinente en las tres dimensiones.